Por Bruno Cortés
En una enérgica conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados, el coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez, advirtió sobre una crisis sanitaria silenciosa pero devastadora: más de 800 mil niñas y niños en México no han recibido vacunas esenciales. Esta omisión, dijo, ha roto con una política de Estado que durante décadas protegió la salud infantil y erradicó enfermedades como la poliomielitis y el sarampión. Hoy, los estragos son evidentes: 48 menores han muerto por tosferina, un retroceso inconcebible en pleno siglo XXI.
Moreira presentó una iniciativa de reforma al artículo cuarto constitucional que busca consagrar el derecho de las infancias mexicanas a ser vacunadas de forma gratuita, universal y oportuna. La propuesta también obliga al Estado a garantizar el suministro, aplicación y seguimiento de las vacunas como una responsabilidad prioritaria de salud pública. Con tono firme, el legislador instó a las comisiones de Puntos Constitucionales y Salud de la Cámara de Diputados a dictaminar la reforma de inmediato.
La crítica de Moreira se tornó aún más incisiva al referirse al abandono del sistema de vacunación como consecuencia de lo que calificó como “un Estado sostenido en supersticiones y alquimias”. Recordó momentos emblemáticos del discurso oficial durante la pandemia, como el uso de “detentes” y tés milagrosos, y advirtió que este tipo de decisiones políticas han tenido consecuencias letales para miles de mexicanos, sobre todo los más vulnerables.
El senador Manuel Añorve Baños, coordinador de los senadores del PRI, respaldó la propuesta de su compañero de bancada y amplió la crítica al sistema de salud implementado durante el actual sexenio. Añorve denunció el fracaso del Insabi, calificándolo como “una bola de pillos” y responsabilizó al gobierno federal por desmantelar el Seguro Popular sin tener un modelo funcional de reemplazo. Según Añorve, esta decisión derivó en desvíos millonarios y hospitales inconclusos, como el caso de Siguatanejo, Guerrero, donde el dinero asignado desapareció sin dejar rastros.
Añorve fue contundente al señalar que el abandono del sistema de salud ha cobrado vidas. Contó el caso de una mujer que falleció durante un parto por la falta de quirófanos, hecho que calificó como una tragedia evitable y una muestra de que el país ha retrocedido en décadas de avances en salud pública. “Esto no lo podemos permitir ni callar”, afirmó.
En la misma línea, el legislador denunció que el desabasto de medicamentos, especialmente para pacientes con cáncer, continúa siendo una realidad dolorosa para miles de familias mexicanas. Añorve acusó a la empresa estatal Virmex de haber cometido un presunto desfalco de entre 13 y 15 mil millones de pesos por sobreprecios en la compra de medicamentos, lo que ha generado un colapso operativo en hospitales públicos.
Los legisladores del PRI coincidieron en que la prioridad nacional debe ser restaurar un sistema de salud funcional, donde médicos y enfermeras no tengan que pedir a los familiares de pacientes que compren medicinas. “Eso es un crimen”, sentenció Añorve. Subrayó que el sistema no puede continuar dependiendo de decisiones unilaterales ni de improvisaciones sin base científica.
Con esta iniciativa, el PRI plantea un punto de inflexión en la agenda legislativa de salud. Más allá de las posturas partidistas, el llamado a garantizar el derecho constitucional a la vacunación infantil busca reinstalar una lógica de protección efectiva y sistemática de la niñez, devolviendo al Estado su papel irrenunciable como garante de la salud pública.