Quienes hasta hace poco se pronunciaban públicamente contra la reforma al Poder Judicial promovida por el gobierno de la 4T, hoy figuran entre los aspirantes a magistraturas civiles: se trata de Victorino Hernández Infante y Rocío Loaeza, una pareja con trayectoria en tribunales del Estado de México.
En la columna Plaza Central, publicada en el diario Basta, el periodista Fermín Sánchez destacó que ambos tendrían posibilidades reales de alcanzar una magistratura, en parte por su cercanía con Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Hernández Infante es además sobrino de Indalfer Infante Gonzales, quien fue magistrado electoral federal y consejero de la Judicatura.
“¿Y entonces esta Reforma no termina ni siquiera con el nepotismo?- y se dicen fuertes para ser magistrados civiles, por estar apoyados por la actual presidenta de la SCJN. ¿Sabrán esto quienes operarán la elección en Edomex: el IEEM, el INE y también la Maestra Delfina Gómez y el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte?”, escribió el columnista, lanzando críticas directas al proceso.
Rocío Loaeza González labora como Secretaría en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en Toluca. En la misma ciudad se desempeña su esposo, Victorino Hernández Infante, como magistrado en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito. Ambos expresaron su rechazo a la reforma impulsada por el Ejecutivo.
Entre los seleccionados por sorteo para someter sus cargos a elección popular en 2025 figura Hernández Infante, quien además ha sido relacionado con resoluciones judiciales alineadas a los intereses de la 4T, así como con el entorno del ministro en retiro Arturo Zaldívar.
El próximo 1 de junio se celebrará la elección para renovar puestos en el Poder Judicial: nueve en la SCJN; cinco en el Tribunal de Disciplina Judicial; dos en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 15 en sus salas regionales; además de 464 magistraturas de circuito y 386 cargos de jueces de distrito.
En total, 3 mil 422 personas participan como aspirantes a puestos judiciales. La elección se promueve como parte de un esfuerzo por transformar el sistema y erradicar viejas prácticas como el nepotismo y la corrupción.