La Secretaría de Bienestar de la Ciudad de México se encuentra en el centro de la polémica tras ser señalada por presuntamente financiar prácticas de acarreo electoral y distribución de «acordeones» —listas con indicaciones de voto— para favorecer al partido Morena en procesos internos recientes. Las acusaciones han encendido alertas en torno al uso de recursos públicos con fines políticos, mientras que la dependencia rechaza categóricamente cualquier vinculación con dichas prácticas.
Señalamientos por inducción del voto y posible coacción
Durante una jornada electoral interna de Morena en la capital del país, se documentó el traslado masivo de votantes en microbuses y camiones, muchos de ellos portando formatos de afiliación y hojas que detallaban por quién sufragar. Estas acciones fueron interpretadas como actos de inducción del voto, posibles coacciones o incluso compra de sufragios, generando una ola de críticas y sospechas en varios distritos de la Ciudad de México, e incluso en otros estados del país.
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que ha recibido dos denuncias formales relacionadas con estos hechos, las cuales serán canalizadas a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FEDE). Entre los posibles delitos figuran el uso indebido de recursos públicos y la coacción del voto, lo cual podría acarrear sanciones legales y hasta la anulación de los comicios en zonas afectadas si se comprueba la irregularidad.
La Secretaría de Bienestar se deslinda y refuerza blindaje electoral
Frente a la controversia, la Secretaría de Bienestar emitió un comunicado en el que niega haber financiado o participado en acciones de acarreo o manipulación del voto. Además, reiteró su compromiso con la imparcialidad y la neutralidad electoral, subrayando la implementación de su Programa de Blindaje Electoral.
Este plan contempla el resguardo de inmuebles, vehículos y oficinas para prevenir que sean utilizados con fines proselitistas. En la Ciudad de México, el resguardo se ha extendido a oficinas centrales y delegaciones estatales, acompañadas de inspecciones para garantizar que no exista propaganda electoral en sus instalaciones.
La dependencia también exhortó a su personal a respetar los principios de legalidad y equidad, recordando que el uso de programas sociales con fines electorales es un delito grave. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad a través de los canales oficiales como FEDETEL, FEDENET o ante la Secretaría de la Función Pública.
El INE vigila y podría anular votaciones
El INE ha reiterado que dará seguimiento puntual a las denuncias y no descarta sanciones, incluyendo la anulación de votaciones en los distritos donde se comprueben prácticas irregulares. El organismo electoral considera fundamentales estos procesos internos para fortalecer la democracia partidaria, pero exige que se respeten los principios de legalidad, equidad y libre decisión ciudadana.