Una jueza federal ordenó al gobierno de la Ciudad de México devolver al cardenal Norberto Rivera Carrera más de 1.3 millones de pesos, tras determinar que se le aplicaron cobros “desproporcionados” por impuestos y derechos en la compra de dos lujosos departamentos en la Torre Residencial Mitikah, adquiridos en febrero de 2024.
La resolución fue emitida por la jueza Blanca Lobo Domínguez, titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en materia Administrativa, quien consideró que tanto el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) como las tarifas del Registro Público de la Propiedad (RPP) violaron principios de proporcionalidad fiscal.
El origen del litigio
El cardenal adquirió los departamentos 4201 y 4205 de la Torre Mitikah, cada uno con un valor superior a los 10 millones de pesos. Para registrar las compraventas, el gobierno capitalino cobró 23,061 pesos por cada contrato, una tarifa que, según la defensa del clérigo, superaba por mucho la cuota general de 2,302 pesos aplicable a trámites similares.
Además, por concepto de ISAI, Norberto Rivera pagó 651,101 pesos por un inmueble y 700,150 pesos por el otro, sumando 1,351,251 pesos.
Sentencia y orden de devolución
El 23 de mayo de 2024, la jueza Lobo Domínguez falló a favor del cardenal, señalando que el proceso administrativo de inscripción no justificaba un cobro más alto sólo por tratarse de propiedades de mayor valor. En consecuencia, ordenó al gobierno devolver:
-
41,518 pesos por cobros excesivos en el registro de contratos.
-
1,351,251 pesos por el ISAI, al considerarlo violatorio de los principios constitucionales de justicia tributaria.
En total, la devolución ordenada asciende a 1,392,769 pesos.
Incumplimiento del gobierno capitalino
Aunque la sentencia fue confirmada en diciembre de 2024 por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, no ha cumplido con el reembolso hasta la fecha.
La jueza otorgó una prórroga y aplicó una multa a la administración capitalina, que fue impugnada por la Consejería Jurídica local, prolongando el conflicto legal.
El caso pone en entredicho los criterios fiscales del gobierno local, y abre la puerta a otros posibles reclamos por parte de contribuyentes que consideren excesivas las tarifas o impuestos al adquirir inmuebles en la capital.