En el corazón del Senado de la República, se encendió una alerta que toca carne y conciencia: la cirugía plástica en México necesita una regulación urgente, ética y centrada en el paciente. El senador José Manuel Cruz Castellanos, presidente de la Comisión de Salud, advirtió que el creciente “intrusismo” —la práctica médica por personas sin certificación— se ha convertido en un problema emergente de salud pública que exige atención inmediata.
Durante el foro “Cirugía plástica, impacto del intrusismo como problema emergente de salud pública”, Cruz Castellanos no sólo encendió los reflectores sobre una práctica cada vez más demandada, sino también sobre los riesgos mortales que implica cuando es ejercida por manos inexpertas. “Reconstruir un rostro o una extremidad es reconstruir una vida”, afirmó con firmeza. Y es precisamente esa vida la que hoy corre peligro si no se actúa desde el marco legislativo.
El legislador chiapaneco propuso respaldar la reforma al artículo 79 de la Ley General de Salud, con el objetivo de blindar legalmente la práctica de la cirugía plástica, estética y reconstructiva. La medida busca garantizar que solo médicos con especialización y certificación avalada puedan realizar procedimientos que, más allá de lo cosmético, tocan fibras profundas del bienestar físico, emocional y social.
La cirugía reconstructiva, enfatizó, no es un lujo superficial: es la diferencia entre la reintegración social o la marginación, entre la dignidad y la desesperanza. En esa misma línea, reconoció a los profesionales de esta especialidad que devuelven movilidad, seguridad y autoestima a personas afectadas por enfermedades, accidentes o condiciones genéticas.
Por su parte, el senador Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía, refrendó el apoyo a la iniciativa. Alertó sobre el alto índice de usurpación en el sector, en donde clínicas sin regulación y médicos sin certificación se promocionan con engaños y promesas vacías. “Debemos actuar todos para garantizar que sólo los profesionales capacitados puedan operar en este campo”, subrayó, añadiendo la necesidad de dotar a las autoridades sanitarias con recursos suficientes para ejercer vigilancia y aplicar sanciones.
Desde el sector académico y normativo, el doctor José Ignacio Santos Preciado, presidente del CONACEM, subrayó la urgencia de fortalecer la formación profesional. Aseguró que toda sede formadora debe contar con personal certificado, infraestructura adecuada y recursos técnicos actualizados. La calidad de la enseñanza médica, remarcó, es el primer muro contra el intrusismo.
En la misma línea, Eurípides Flores, funcionario de la SEP, reiteró que el Estado debe vigilar que quienes ofrezcan servicios de cirugía plástica estén realmente acreditados. Llamó a desarrollar mecanismos que permitan al paciente verificar fácilmente la autenticidad de los profesionales, cerrando así el paso a cursos apócrifos o diplomas fraudulentos.
Finalmente, Ricardo Vega Montiel, del Comité de Turismo en México, alertó sobre la creciente problemática en destinos como Baja California, donde el turismo médico ha sido motor económico, pero también blanco de prácticas irregulares. Estimaciones del sector indican que hasta cinco de cada diez procedimientos quirúrgicos en esta rama podrían estar siendo realizados por personas no autorizadas.
El Senado se ha colocado, así, como el principal actor en la defensa de una práctica médica que puede cambiar vidas, pero que, en malas manos, puede arrebatarlas. El mensaje es claro: el bisturí debe estar en manos de quienes están preparados para usarlo con ética, precisión y responsabilidad.