En un movimiento significativo hacia la consolidación de los derechos fundamentales en México, legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) han presentado una iniciativa de reforma constitucional que busca proscribir los denominados «delitos de opinión», tales como injurias, difamación y calumnia.
La propuesta consiste en adicionar un tercer párrafo al artículo 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que estas conductas no serán consideradas delitos penales, sino que, en su caso, darán lugar únicamente a responsabilidades civiles ulteriores.
Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República para su análisis y eventual dictamen.
El objetivo principal de la reforma es fortalecer la libertad de expresión, garantizando que las opiniones y críticas no sean objeto de persecución penal. De aprobarse, se contribuiría a un ambiente de mayor apertura en el debate público, elemento esencial para el funcionamiento democrático.
Con esta propuesta, se responde también a una preocupación creciente dentro de la sociedad mexicana: el uso del sistema penal para callar voces críticas, especialmente en contextos de periodismo, activismo y disidencia política.
Al eliminar la posibilidad de sanciones penales por expresiones consideradas ofensivas o polémicas, la iniciativa busca promover un diálogo más tolerante y plural, donde las ideas puedan confrontarse sin temor a represalias judiciales.
Asimismo, la reforma ayudaría a armonizar el marco legal mexicano con los principios internacionales en materia de derechos humanos, los cuales recomiendan el uso exclusivo del derecho civil en casos de daño moral por expresión de ideas.
El PAN considera que esta modificación representaría un avance hacia un Estado más garantista, que prioriza la dignidad de las personas, la crítica legítima y el pensamiento libre por encima de castigos por disentir.
Se espera que en los próximos meses las comisiones dictaminen el proyecto, con la posibilidad de que llegue al pleno del Senado para su discusión y votación, abriendo la puerta a un nuevo paradigma de libertad en el país.