Por Bruno Cortés
Con 446 votos, la Cámara de Diputados avala una reforma que garantiza salario base, seguridad social y derechos laborales a 650 mil trabajadores como meseros y despachadores, transformando la justicia laboral.
En un paso histórico hacia la justicia laboral, la Cámara de Diputados de México aprobó por unanimidad, con 446 votos a favor, una reforma a la Ley Federal del Trabajo que beneficia a aproximadamente 650 mil trabajadores que dependen de propinas, como meseros, despachadores de gasolineras, botones y acomodadores de autos. Esta iniciativa establece un salario base mínimo, garantiza acceso a seguridad social y protege las propinas como un ingreso complementario, no como sustituto del sueldo. El dictamen, ahora turnado al Senado, marca un avance significativo en la formalización de sectores con alta informalidad, como el de servicios.
La reforma aborda una problemática estructural: más del 67% de los meseros y anfitriones en México trabajan en la informalidad, sin acceso a prestaciones como salud, vivienda o pensión. En el sector de restaurantes, alojamiento y esparcimiento, miles de personas dependen exclusivamente de percepciones no salariales. Esta legislación asegura que ningún trabajador reciba menos del salario mínimo o del salario mínimo profesional, según su actividad, fortaleciendo sus derechos laborales y dignificando su esfuerzo diario.
Uno de los puntos más destacados de la reforma es la protección de las propinas. Ahora, los patrones no podrán retenerlas ni usarlas para cubrir costos como cristalería rota o loza dañada, prácticas comunes que afectan los ingresos de los trabajadores. Las propinas deberán ser distribuidas equitativamente entre los empleados que las generen, administradas directamente por ellos, lo que refuerza su carácter de gratificación voluntaria por el servicio. Esta medida subraya que la propina no es una obligación, sino un reconocimiento al esfuerzo del trabajador.
La reforma evitó que las propinas fueran gravadas, protegiendo los ingresos de los trabajadores y asegurando que las gratificaciones no sean consideradas ingresos extraordinarios sujetos a impuestos. Además, se respaldó por su impacto en el 66% de los trabajadores del sector servicios, un segmento crucial para la economía mexicana. La colaboración entre distintos partidos refleja un consenso político en favor de la justicia laboral.
La reforma también amplía su alcance a sectores como gasolineras, centros deportivos y de entretenimiento, donde miles de trabajadores, como despachadores de combustible, laboran sin salario fijo ni prestaciones, enfrentando riesgos laborales diarios. Al incluir estos giros en la legislación, se reconoce la diversidad de ocupaciones que dependen de propinas y se busca formalizar sus condiciones de trabajo. Además, se otorga un plazo de 180 días para que las empresas ajusten sus normativas, garantizando una transición ordenada.
El impacto de esta reforma trasciende lo económico, ya que permitirá a los trabajadores acceder a derechos como la salud, la vivienda digna y una pensión. Complementada por otras iniciativas, como facilidades para adquirir propiedades a bajo costo, esta legislación mejora la calidad de vida de quienes sostienen la economía del servicio.
El respaldo unánime en la Cámara de Diputados demuestra un compromiso político con los sectores más vulnerables. La reforma “hace justicia” al evitar que las propinas sustituyan el salario y corrige vacíos legales que perpetúan la precaridad. Este consenso refuerza la legitimidad de la iniciativa y su potencial para transformar el panorama laboral en México.
La reforma incorpora mecanismos de supervisión para garantizar que las empresas cumplan con la distribución equitativa de propinas y el pago del salario base. Esto responde a la necesidad de erradicar la precarización laboral en sectores históricamente desprotegidos, donde la mayoría de los trabajadores carecen de un salario digno.
En conclusión, esta reforma representa un avance monumental para los “propineros” de México, al garantizarles un salario base, seguridad social y la protección de sus propinas. Al beneficiar a 650 mil trabajadores y formalizar sectores clave, la iniciativa no solo promueve la justicia laboral, sino que también fortalece la economía nacional. Ahora, el Senado tiene la oportunidad de consolidar este logro, asegurando que el esfuerzo de quienes trabajan en el sector servicios sea reconocido con dignidad y derechos plenos.